Los agentes sociales y económicos representados en la Mesa de Diálogo Social de Ceuta han remitido una carta a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la que le trasladan su preocupación por los efectos que tendrá la aplicación del Real Decreto 1/2023, de 10 de enero, por el que se modifica el régimen en materia de bonificaciones a la Seguridad Social en Ceuta y Melilla y se disminuyen los incentivos , lo que se traducirá en una manifiesta dificultad para el mantenimiento y creación de empleo, la reducción salarial para los trabajadores afectados y el incremento de la conflictividad laboral en las empresas.
La carta, firmada por los máximos responsables en la ciudad de los sindicatos CCOO y UGT, así como por los presidentes de la Cámara de Comercio y de la Confederación de Empresarios, expone como argumento principal que, al sustituir el porcentaje del 50 % de bonificación por una cantidad fija al mes se producirá una cuantiosa reducción en la bonificación, lo que tendrá un impacto negativo en el mantenimiento y creación de puestos de trabajo en ambas ciudades, así como una pérdida de renta disponible para los trabajadores que se benefician de la bonificación, con el consiguiente menoscabo además de los beneficios para la implantación de nuevas empresas.
El escrito recuerda que la implantación de la bonificación en las cuotas patronales de la Seguridad Social ha sido un hito histórico, celebrado por todos los interlocutores sociales y económicos en ambas ciudades, y unánimemente respaldado por todas las fuerzas políticas, habiéndose demostrado a lo largo de los años la utilidad de la medida, que ha permitido un crecimiento constante de las afiliaciones a la Seguridad Social.
La decisión de remitir este escrito fue decidida y apoyada unánimemente en la reunión de la Mesa de Diálogo Social celebrada el pasado 15 de febrero, en la que se determinó que, por tratarse de un asunto de vital importancia para Ceuta y parte fundamental del Régimen Económico y Fiscal Especial, desde la más absoluta lealtad institucional, y con intención positiva y constructiva, los agentes económicos y sociales elevarían al Gobierno de la Nación una petición formal, de manera conjunta, para la no aplicación del RD 1/2023 y el mantenimiento del régimen de bonificaciones tal y como está vigente.
