Aunque no siempre se perciba, la falta de estabilidad parlamentaria en las Cortes tiene consecuencias directas sobre todos. Los Planes de Empleo de la Delegación, que en 2023 permitieron la contratación de casi 600 desempleados, siguen en el aire a punto de comenzar octubre porque la paralización de la actividad legislativa no permite actualizar los módulos subvencionables establecidos en 2021.
La normativa que ha limitado las retribuciones en ese tipo de programas de naturaleza social y formativa choca con las sentencias judiciales que obligan tanto a la Ciudad como a la Delegación a pagar a los beneficiarios lo mismo que a su personal laboral.
El Gobierno de Vivas ha tenido que suplementar las cantidades recibidas del Estado para su Plan de Empleo 2024-2025, ya en marcha, pero la Administración General del Estado se topa con un doble conflicto. Por un lado, el Real Decreto que debe actualizar las cantidades fijadas hace tres años no se ha publicado.
Por otro, la subvención del SEPE, que rondaría los 12 millones de euros, también tendría que ser completada con otra aportación millonaria para poder alcanzar los sueldos que exige abonar la Justicia.
Tanto la Dirección Provincial del SEPE como la Delegación están intentando acelerar los pasos pendientes para activar los programas.
