El Tribunal Constitucional ha admitido un recurso de amparo presentado por CSIF contra la decisión de la mesa del Congreso de los Diputados que en 2023 rechazó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por este sindicato para que los empleados públicos recuperen la estructura salarial previa los recortes de 2010. El alto tribunal requiere a la Presidenta del Congreso para que en el plazo máximo de 10 días remita al Tribunal certificación del expediente.
Estos recortes que, según el sindicato, siguen en vigor desde hace 14 años suponen que los empleados públicos en esta última década hayan trabajado entre 13 y 18 meses gratis, en función de los Grupo Profesional al que pertenezcan. Una situación que se suma, según añade, a la pérdida global del 20 por ciento del poder adquisitivo desde la bajada salarial de 2010.
