17 de abril de 2020, 19:58
El Ministerio de Sanidad ha ordenado la retirada inmediata de un lote de mascarillas FFP2 del fabricante “Garry Galaxy” modelo N95 porque no reúnen las condiciones de protección necesarias para los sanitarios ni cumplen con la normativa europea.
Según ha podido confirmar CSIF, al menos se han repartido en Madrid, Cataluña, Andalucía, La Rioja o Castilla-La Mancha. Desde el CSIF, exigen que se localicen y se retiren de manera urgente y lamentamos la inoperancia del Ministerio de Sanidad.
CSIF critica la falta de previsión, así como la improvisación e inoperancia del Ministerio de Sanidad, que vuelve a retirar material de protección por no cumplir éste con los estándares de calidad. Además, consideramos que este error supone un doble perjuicio: el que sufrirán de nuevo las arcas públicas por la compra de un material inservible, y sobre todo el que sufren los trabajadores que han estado usando unas mascarillas que no realizaban su función de protección frente al COVID-19. Invertiría el orden.
CSIF no comprende cómo la Administración ha enviado a los profesionales que están en primera línea de lucha frente a la pandemia con un material que no garantiza su protección y la de las personas a las que atienden. En el caso de Madrid, esta retirada de material afecta tanto a hospitales como a servicios sanitarios como el SUMMA 112 en Madrid o a las residencias de mayores y discapacitados, donde han llegado estas mascarillas defectuosas.
CSIF exige la retirada inmediata de estas mascarillas defectuosas en aquellas comunidades autónomas que aún no hayan trasladado la orden de retirada de este material y se reserva las acciones judiciales que considere oportunas contra el ministerio de sanidad Gobierno por haber equipado a los trabajadores que luchan contra la pandemia con un material que no garantiza su salud.
Hay que recordar que el pasado 31 de marzo, CSIF presentó una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad por su gestión contra el coronavirus, al entender que los contagios y fallecidos por la falta de previsión y de material de protección podrían constituir delitos contra los trabajadores por la infracción de normas de prevención laboral, de lesiones y de homicidio imprudente
Según ha podido confirmar CSIF, al menos se han repartido en Madrid, Cataluña, Andalucía, La Rioja o Castilla-La Mancha. Desde el CSIF, exigen que se localicen y se retiren de manera urgente y lamentamos la inoperancia del Ministerio de Sanidad.
CSIF critica la falta de previsión, así como la improvisación e inoperancia del Ministerio de Sanidad, que vuelve a retirar material de protección por no cumplir éste con los estándares de calidad. Además, consideramos que este error supone un doble perjuicio: el que sufrirán de nuevo las arcas públicas por la compra de un material inservible, y sobre todo el que sufren los trabajadores que han estado usando unas mascarillas que no realizaban su función de protección frente al COVID-19. Invertiría el orden.
CSIF no comprende cómo la Administración ha enviado a los profesionales que están en primera línea de lucha frente a la pandemia con un material que no garantiza su protección y la de las personas a las que atienden. En el caso de Madrid, esta retirada de material afecta tanto a hospitales como a servicios sanitarios como el SUMMA 112 en Madrid o a las residencias de mayores y discapacitados, donde han llegado estas mascarillas defectuosas.
CSIF exige la retirada inmediata de estas mascarillas defectuosas en aquellas comunidades autónomas que aún no hayan trasladado la orden de retirada de este material y se reserva las acciones judiciales que considere oportunas contra el ministerio de sanidad Gobierno por haber equipado a los trabajadores que luchan contra la pandemia con un material que no garantiza su salud.
Hay que recordar que el pasado 31 de marzo, CSIF presentó una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad por su gestión contra el coronavirus, al entender que los contagios y fallecidos por la falta de previsión y de material de protección podrían constituir delitos contra los trabajadores por la infracción de normas de prevención laboral, de lesiones y de homicidio imprudente
