El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha anunciado que la huelga ha superado los cinco meses y medio. Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad de España sigue sin querer negociar con sus funcionarios. Los médicos, así como los pacientes ceutíes, no pueden más con esta situación agónica, que ha empeorado durante los meses de verano. En los últimos meses, se ha sumado las vacaciones de verano, así como la gran cantidad de personas que ha atraído la Operación Paso del Estrecho (OPE). Tras 85 jornadas, se han cancelado unas 10.600 consultas y 340 intervenciones quirúrgicas programadas. La ciudadanía y los facultativos solo ven como "estos datos no dejan de aumentar mientras la administración no actúa".
Los médicos de ambas Ciudades Autónomas, que dependen directamente del Ministerio de Sanidad, iniciaron la huelga el pasado 9 de marzo. En los más de cinco meses y medios de huelga, han mantenido diferentes reuniones con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, donde los Sindicatos Médicos comprobaron que no hubo una intención real de negociar. El Ingesa no consideró en estas reuniones a sus médicos interlocutores válidos, y afirmó no tener las competencias necesarias para ofrecer una solución a la huelga, al ser un mero órgano gestor. Por lo que los Sindicatos Médicos contactaron directamente con el Ministerio de Sanidad, y ante el silencio de la máxima representación, llevaron ante la fiscalía la inacción del máximo dirigente en materia de Sanidad.
La reivindicación principal de los Sindicatos Médicos es la de atraer nuevos facultativos y tomar medidas para mantener a los especialistas que ya tienen en sus hospitales. Pues la mayor problemática a la que se enfrentan es la falta de médicos, lo que ha originado una mayor carga laboral para los pocos médicos que están trabajando. En Ceuta se ha comprobado en los últimos meses con la partida de cerca de una docena de especialistas del Hospital Universitario de Ceuta. Las dos Ciudades Autónomas cuentan con las ratios más bajas de médicos por habitante de toda España. Y la Unión Europea las ha calificado como los peores sistemas sanitarios de todo el estado.