La ex vicepresidenta de la Ciudad Autónoma de Ceuta trasladó durante su interrogatorio como investigada por la deportación irregular de 55 menores migrantes que había intercambiado varios mensajes por la red social WhatsApp con varios altos cargos del Gobierno, buscando así confirmar que la actuación de la Ciudad Autónoma estuvo en todo momento coordinada con el Gobierno central.
Deu trasladó que había tenido una comunicación directa con la entonces Vicepresidencia del Gobierno y su Gabinete (entonces en manos de Carmen Calvo) el Ministerio del Interior y su Secretaría de Estado así como varios integrantes de diferentes ministerios (desde Exteriores a Derechos Sociales y Agenda 2030)
No obstante a esto, y a pesar de que la acusación popular ejercida por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado lo solicitó durante el proceso, la jueza de instrucción no quiso pedir a la entonces titular de la Vicepresidencia de la ciudad autónoma que entregase esos mensajes, dando la instrucción por cerrada.
La Red que ha trasladado en todo momento su rechazo al cierre en falso de la instrucción, interpuso recurso ante la Audiencia Provincial de Cádiz que lo ha estimado parcialmente pidiendo al juzgado de instrucción que inste a la ahora procesada que entregue dichos mensajes y así se pueda identificar con quien habló.
“Desde la Red vemos con tristeza tener que recurrir a la Audiencia provincial para que la Juez de Instrucción nos de la razón y se empiecen a revisar elementos probatorios básicos que la propia procesada ya ofreció en sala y que van a venir a despejar una incógnita evidente para todos menos para los juzgados de Ceuta: ¿Quién autorizó desde el Gobierno de España a la Ciudad Autónoma activar el tratado internacional y expulsar ilegalmente a 55 menores? Este es el primero de los dos recursos que la Red ha interpuesto y seguiremos avanzando en la causa hasta que sepamos claramente si el Gobierno de España consintió y autorizó una medida condenada por todas las instituciones que trabajamos en materia de infancia y migraciones”
La Red, dado que la ex vicepresidenta ya no es cargo público ni cuenta con fuero propio, ha pedido mediante un recurso cautelar que se proceda a la entrega inmediata del terminal móvil que usaba durante su mandato y quede bajo custodia hasta que la procesada traslade su contenido a las partes.
Desde la organización promotora de la acusación popular se quiere señalar que en caso de que de los mensajes se desprenda responsabilidad o colaboración para la comisión de la deportación de cargos públicos se pedirá, ahora que la instrucción tiene que reabrirse, que se proceda a, como mínimo, hacerles comparecer como testigos y que así, por fin tras casi dos años, se clarifique quien impulsó esta medida y bajo que autorizaciones.
