El Centro de Crisis para mujeres víctimas de violencia sexual tendrá 11 profesionales en plantilla
- El nuevo recurso, cuyas obras comenzaron la semana pasada, contará con un psicólogo, un abogado, un trabajador social, un educador y cuatro técnicos en integración que darán atención ininterrumpida
El Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales que la Ciudad está construyendo desde la semana pasada en Parques de Ceuta y que estará terminado en abril contará con una plantilla de 11 profesionales. Entre ellos habrá un psicólogo, un abogado, un trabajador social, un educador y cuatro técnicos en integración, todos ellos a jornada completa.
El personal deberá garantizar la atención a víctimas de violencia sexual las 24 horas de los 365 días del año en el nuevo recurso contiguo al antiguo chalé de Ybarrola en el que se ubica el Centro Asesor de la Mujer, con el que tendrá una relación directa. Con la nueva infraestructura se ganarán siete habitaciones de acogida, una ludoteca para niños, una cocina comunal y otros espacios.
La consejera de Sanidad ha publicado este martes en el BOCCE el protocolo que ordenará la atención a las destinatarias del servicio público y gratuito: mujeres adultas, niñas con más de 12 años y adolescentes mayores de 16 víctimas de agresiones sexuales con independencia de su nacionalidad y su situación regular o irregular en España.
El procedimiento de asistencia se activará ante cualquier demanda directa de apoyo por parte de mujeres que hayan sufrido una agresión sexual reciente o en el pasado o por derivación de las mismas desde el 016, el 112, las Fuerzas de Seguridad, Servicios Sociales, profesorado, etcétera.
Los profesionales deberán efectuar una valoración de cada caso en función de si se trata de una violación, un matrimonio forzoso, pornovenganza, acoso o cualquier otra de las situaciones recogidas en la Estrategia Estatal contra la violencia machista. También se tendrá en cuenta si se trata de una mujer inmigrante, lesbiana, objeto de trata, mayor o con discapacidad.
A partir de ahí se establecerá un plan de atención individualizado en coordinación con las Fuerzas de Seguridad, los juzgados y los servicios sanitarios y se mantendrá una evaluación permanente de la intervención en marcha.