La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado el recurso interpuesto por un funcionario de la Ciudad condenado al pago de 100.000 euros a una subordinada por el acoso sexual “muy grave” que sufrió en el Negociado de Información y Registro durante la segunda mitad de 2021.
El condenado ha intentado sin éxito que se considerasen prescritos los hechos. Según la primera sentencia, con su actuación “vulneró un amplio número de derechos fundamentales como la intimidad, libertad, libertad sexual, igualdad y dignidad de la actora”.
La mujer pasó casi un año de baja médica “al padecer estado de ansiedad que le provocaba nerviosismo, insomnio, llanto y pérdida de apetito”.
La actuación de la Ciudad Autónoma, el mando de la Policía Local que instruyó el expediente y la consejera de Hacienda ha sido considerada “diligente” por parte de la Justicia.
El veredicto del TSJA puede ser recurrido en vía de casación ante el Supremo.