Los representantes sindicales de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, en la reunión del calendario laboral para 2023 previsto para el ámbito de la Delegación del Gobierno y sus Áreas Funcionales integradas, manifiestan su disconformidad por la no inclusión en el mismo de la jornada de 35 horas semanales recordando que en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 se eliminaron las limitaciones que desde 2018 impedían implantar la jornada de 35 horas semanales, si no se cumplían los objetivos de déficit por parte de las Administraciones Públicas.
Los mecanismos para su implantación ya se recogen en el II Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y condiciones de trabajo suscrito por CSIF en 2018 y también en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, que CSIF no firmó.
Asimismo, han mostrado de igual forma su disconformidad por la no implantación del teletrabajo fruto de un Acuerdo de 12 de abril de 2021 suscrito por esta organización sindical, pendiente de aprobación del Real Decreto que debe establecer su regulación.
El sindicato reconoce que existe una modalidad de trabajo a distancia ligada al Plan de Ahorro energético de la AGE, pero es algo “temporal y arbitrario”, por lo que su aplicación varia en función de cada Ministerio y de cada departamento.
Desde CSIF señalan que el tan manido Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI firmado por el Ministerio, CCOO y UGT, “vuelve a retrasar su aplicación y recorta el acceso a dicha modalidad de trabajo en algunos grupos profesionales”.
A consecuencia de esto, CSIF ha recurrido a los Tribunales y ha demandado a Función Pública por inactividad en la implantación del Teletrabajo.
De todo esto, concluyen, el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI era solo una declaración de intenciones, papel mojado que no soluciona ni la implantación del Teletrabajo, ni establece la jornada de 35 horas semanales.
Para lo que sí ha sido útil el acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT, según CSIF, es para condenar a los empleados públicos que ya arrastran una perdida de poder adquisitivo superior al 20% y a una nueva merma al ver éstos como la inflación se sitúa en enero en el 5'8%, mientras sus salarios se incrementan sólo un 2'5% este año.
