La Subdelegación del Gobierno en Sevilla, dependiente del Ministerio de Política Territorial, ha rechazado admitir a trámite siquiera la autorización de residencia solicitada como joven extutelado por uno de los 55 niños marroquíes solos devueltos a su país desde Ceuta “ilegalmente” en agosto de 2021. El chico logró regresar a nado a la ciudad autónoma un año después cuando ya era mayor de edad, pero la Administración General del Estado no ha admitido ni sus argumentos ni los del Defensor del Pueblo en su favor.
A juicio de la Subdelegación, el joven “no reúne los requisitos exigidos por la ley para el acceso a este permiso de residencia” porque “su segunda entrada en España, después de ser repatriado el 13 de agosto de 2021, se produjo el 30 de agosto de 2022, siendo ya mayor de edad, por lo que al no haber sido titular de autorización de residencia [...] no puede acceder al permiso solicitado”.
El Defensor del Pueblo discrepa en primer lugar porque no haber sido titular de autorización de residencia “no sería motivo de inadmisión, sino el presupuesto para la solicitud de residencia por circunstancias excepcionales presentada”.
Desde su punto de vista “el interesado fue repatriado a Marruecos siendo menor tutelado por la Ciudad Autónoma vulnerando sus derechos a la integridad física y moral, según especifica la resolución adoptada por el Tribunal Supremo sobre el presente caso, que recoge que la devolución de menores a Marruecos en agosto de 2021 fue 'ilegal' al no seguir el procedimiento previsto” y se llevó cabo 'absoluta inobservancia' de las prescripciones que fija la ley [...], sin hacer ponderación alguna del interés de los menores ni una comprobación de sus circunstancias individuales”.
El joven “fue menor extranjero no acompañado a disposición de los servicios de protección de Ceuta desde el 25 de mayo de 2021 hasta el 13 de agosto de 2021, fecha de su devolución a Marruecos”.
Al regresar a la ciudad como adulto solo encontró para no quedarse en la calle durante tres meses el apoyo de una familia caballa. En Andalucía pasó a ser beneficiario del Servicio de Orientación, Asesoramiento e Inserción Social y Laboral y Programa de Viviendas de Autonomía que gestionan las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en colaboración con la Consejería de Inclusión Social de la Junta.
La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz desestimó en abril los últimos recursos presentados por la exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la exvicepresidenta del Gobierno de la Ciudad, Mabel Deu, para evitar ser juzgadas penalmente por prevaricación continuada por su participación en la devolución a Marruecos en agosto de 2021 de este y otros 54 niños migrantes solos al margen de lo previsto en la legislación nacional e internacional.
La Sala ha respaldado la interpretación que hizo la jueza instructora de los “indicios racionales” de criminalidad recabados en las diligencias previas para procesar a Mateos como autora material y a Deu como cooperadora necesaria.
La Fiscalía solicita que Mateos y Deu, ya apartadas de la primera línea de la política, sean condenadas a 12 años de inhabilitación especial para el ejercicio de “cargos electivos” o “funciones de gobierno” tanto de ámbito estatal como autonómico o local, así como a la pérdida “de los honores asociados a los cargos públicos que ocuparon” y del ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo.
