15 de noviembre de 2020, 11:20
El Servicio de Consumo de la Ciudad, dependiente de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación, ha recibido, hasta el momento, un total de 11 reclamaciones de afectados por el cese de la actividad de las clínicas DENTIX. De manera paralela, Consumo también ha preparado detallada información que incluye recomendaciones generales; fórmula más aconsejable para comunicarse con la empresa y con las entidades financiera; continuidad de los tratamientos dentales o en el pago de los préstamos que se hayan suscrito; acciones a realizar por parte de los afectados, así cómo proceder en el caso de que se opte por la vía judicial.
A finales del pasado mes, la Ciudad participó, mediante videoconferencia, en la reunión celebrada por parte de la Sección de Reclamaciones de la Comisión Sectorial de Consumo, que trató de manera monográfica dicho cese de la actividad, con el fin de aunar el procedimiento a seguir por parte de todas las autonomías en la información y orientación proporcionada a los usuarios afectados.
Todo ello desde que la empresa presentó, el 2 de octubre, el concurso voluntario de acreedores ante el Juzgado número 2 de lo Mercantil de Madrid. Hasta la fecha el Servicio de Consumo de la Ciudad no tiene constancia de que el correspondiente auto se haya publicado ni en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ni en el Boletín Oficial de Registro Mercantil (BORME).
Actualmente además, el Ministerio de Consumo está trabajando en la elaboración de una nota informativa que será distribuida entre todas las comunidades y ciudades autónomas para su difusión, pendiente únicamente de la publicación del citado auto judicial.
En orden a la defensa de los derechos de los usuarios afectados pueden acudir, en primer lugar a la vía extrajudicial a través de la interposición de la correspondiente reclamación, bien directamente a la empresa, o a través del Servicio de Consumo.
La otra alternativa es recurrir a la vía judicial en la que si el importe reclamado no supera los 2.000 euros, es posible acogerse al denominado juicio verbal, no precisando de asistencia de abogado y procurador. De igual forma, es posible solicitar, en caso de precisarse y cumplir los requisitos para ello, de asistencia jurídica gratuita.
Recomendaciones del Servicio de Consumo de la Ciudad
La Ciudad recomienda especialmente acudir a profesionales de la abogacía, o la adhesión a plataformas de afectados o asociaciones de consumidores, que tramiten los procedimientos de los usuarios afectados de manera adecuada.
Otra de las recomendaciones que reitera el Servicio de Consumo es que los afectados recopilen la siguiente documentación:
- Contrato suscrito con la clínica dental.
- Presupuesto desglosado del tratamiento contratado.
- Facturas y justificantes de los pagos realizados directamente a la clínica.
- En caso de tratamientos financiados, contrato del crédito concedido y certificado bancario de las cantidades abonadas.
- Historial clínico que recoja claramente las partes del tratamiento realizadas y no realizadas según lo reflejado en el presupuesto.
- Pruebas diagnósticas.
- Publicidad y folletos distribuidos por la empresa en su caso.
El Servicio de Consumo insiste también en la importancia de que cualquier gestión relacionada con este asunto se realice de modo que quede constancia fehaciente de la misma (reclamación, burofax, correo certificado). Se desaconsejan por completo las gestiones telefónicas.
A finales del pasado mes, la Ciudad participó, mediante videoconferencia, en la reunión celebrada por parte de la Sección de Reclamaciones de la Comisión Sectorial de Consumo, que trató de manera monográfica dicho cese de la actividad, con el fin de aunar el procedimiento a seguir por parte de todas las autonomías en la información y orientación proporcionada a los usuarios afectados.
Todo ello desde que la empresa presentó, el 2 de octubre, el concurso voluntario de acreedores ante el Juzgado número 2 de lo Mercantil de Madrid. Hasta la fecha el Servicio de Consumo de la Ciudad no tiene constancia de que el correspondiente auto se haya publicado ni en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ni en el Boletín Oficial de Registro Mercantil (BORME).
Actualmente además, el Ministerio de Consumo está trabajando en la elaboración de una nota informativa que será distribuida entre todas las comunidades y ciudades autónomas para su difusión, pendiente únicamente de la publicación del citado auto judicial.
En orden a la defensa de los derechos de los usuarios afectados pueden acudir, en primer lugar a la vía extrajudicial a través de la interposición de la correspondiente reclamación, bien directamente a la empresa, o a través del Servicio de Consumo.
La otra alternativa es recurrir a la vía judicial en la que si el importe reclamado no supera los 2.000 euros, es posible acogerse al denominado juicio verbal, no precisando de asistencia de abogado y procurador. De igual forma, es posible solicitar, en caso de precisarse y cumplir los requisitos para ello, de asistencia jurídica gratuita.
Recomendaciones del Servicio de Consumo de la Ciudad
La Ciudad recomienda especialmente acudir a profesionales de la abogacía, o la adhesión a plataformas de afectados o asociaciones de consumidores, que tramiten los procedimientos de los usuarios afectados de manera adecuada.
Otra de las recomendaciones que reitera el Servicio de Consumo es que los afectados recopilen la siguiente documentación:
- Contrato suscrito con la clínica dental.
- Presupuesto desglosado del tratamiento contratado.
- Facturas y justificantes de los pagos realizados directamente a la clínica.
- En caso de tratamientos financiados, contrato del crédito concedido y certificado bancario de las cantidades abonadas.
- Historial clínico que recoja claramente las partes del tratamiento realizadas y no realizadas según lo reflejado en el presupuesto.
- Pruebas diagnósticas.
- Publicidad y folletos distribuidos por la empresa en su caso.
El Servicio de Consumo insiste también en la importancia de que cualquier gestión relacionada con este asunto se realice de modo que quede constancia fehaciente de la misma (reclamación, burofax, correo certificado). Se desaconsejan por completo las gestiones telefónicas.
