El sindicato Solidaridad ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que aprueba el nuevo Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Según Solidaridad, este reglamento supone una grave amenaza para los derechos de los trabajadores españoles y los residentes legales, además de promover la inmigración ilegal y precarizar aún más el mercado laboral.
Entre las principales modificaciones impugnadas, Solidaridad destaca la ampliación de visados para la búsqueda de empleo: El reglamento extiende estos visados de tres meses a un año, una medida que el sindicato considera que “fomenta la saturación del mercado laboral y agrava el desempleo entre los trabajadores nacionales”.
También hace hincapié en la autorización laboral para familiares reagrupados. La normativa permite trabajar a cónyuges e hijos de residentes sin realizar trámites adicionales, lo que, según el sindicato, genera una competencia desleal para los trabajadores locales. Sobre las nuevas figuras de “arraigo”, el sindicato señala que facilitan la legalización de inmigrantes en situación irregular con requisitos significativamente reducidos. Esto, advierte Solidaridad, “incentiva la inmigración ilegal y perjudica a quienes cumplen con las normativas previas”.
En cuanto a las facilidades para regularizar situaciones irregulares, la disposición transitoria quinta permite a quienes lleven seis meses en situación irregular obtener una autorización de residencia, lo que Solidaridad califica como una “amnistía encubierta”. Y, sobre la priorización de colectivos específicos en desprotección, la disposición final tercera introduce reformas normativas para proteger a colectivos en riesgo por conflictos políticos, étnicos o religiosos, una medida que Solidaridad cuestiona por su impacto en el equilibrio del mercado laboral.
