14 de septiembre de 2022, 20:19
UGT afirma llevar cerca de dos décadas, “prácticamente en solitario”, con una lucha, para que el Ayuntamiento de Ceuta, de la misma forma que tiene un tesorero, tenga un interventor y un secretario. Y es que según el sindicato, “a Administración Local ha utilizado todas las argucias posibles para que se mantengan ocupando estos puestos, de forma irregular, personas que, en primer lugar carecen del rango profesional necesario (habilitación nacional de primera clase, que es la requerida para un municipio del tamaño de Ceuta), y, sobre todo, han sido nombrados a dedo precisamente por aquellos a los que tienen que fiscalizar, prescindiendo totalmente de los procedimientos de cobertura marcados por la ley”.
UGT apunta que “la componenda utilizada para evitar que se cubra la plaza de Secretario General ha sido la de recuperar un puesto de mera colaboración como es el de Oficial Mayor, puesto que en su día fue amortizado y posteriormente restituido para el perverso fin de cubrir unas apariencias de legalidad, a todas luces fraudulentas”.
Este concurso para cubrir el puesto de Oficial Mayor fue recurrido por los servicios jurídicos de UGT y según el sindicato “fue tumbado” por el Contencioso de nuestra Ciudad, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y finalmente por el Tribunal Supremo, y pese a ello, el Gobierno vuelve a recuperar el concurso, intentando, según apunta el sindicato, hacer creer que ha corregido los “defectos” puestos de manifiesto por las sucesivas sentencias.
UGT apunta que “la componenda utilizada para evitar que se cubra la plaza de Secretario General ha sido la de recuperar un puesto de mera colaboración como es el de Oficial Mayor, puesto que en su día fue amortizado y posteriormente restituido para el perverso fin de cubrir unas apariencias de legalidad, a todas luces fraudulentas”.
Este concurso para cubrir el puesto de Oficial Mayor fue recurrido por los servicios jurídicos de UGT y según el sindicato “fue tumbado” por el Contencioso de nuestra Ciudad, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y finalmente por el Tribunal Supremo, y pese a ello, el Gobierno vuelve a recuperar el concurso, intentando, según apunta el sindicato, hacer creer que ha corregido los “defectos” puestos de manifiesto por las sucesivas sentencias.