El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 que se remitirá al Congreso de los Diputados la próxima semana. Se trata de unos Presupuestos que, según ha destacado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en rueda de prensa, son los de “la recuperación justa, para hacer de España un país más productivo, más competitivo y sostenible, garantizando que la mejora económica llega a todas las familias”.
El Gobierno ha elaborado los Presupuestos de la recuperación económica porque será en 2022 cuando tanto el Ejecutivo como los organismos internacionales prevén que España recupere los niveles de actividad económica y supere los niveles de empleo previos a la pandemia. Y también son las cuentas de la “recuperación justa”, puesto que el proyecto de Presupuestos para el próximo ejercicio procura que todos los colectivos sociales cuenten con más recursos y mejores servicios públicos, “unos servicios”, ha afirmado Montero, “que no sólo son la red de seguridad de la ciudadanía, sino que son un potente motor de innovación y crecimiento económico, contribuyendo a la igualdad de oportunidades y a la cohesión social y territorial del país”.
Las cuentas públicas, ha explicado también la ministra, nacen en un contexto en el que las reglas fiscales siguen suspendidas en Europa y en el que existe el consenso de que hay que mantener los estímulos económicos para que la recuperación económica no se trunque.
Con esa filosofía y el mayor techo de gasto de la historia, aunque similar al de 2021 (196.142 millones de euros), se han construido los Presupuestos que, además, se enmarcan en una etapa de fuerte crecimiento de la economía española: el Gobierno prevé que el PIB se expanda a un ritmo del 7% el año que viene, lo que seguirá impulsando la recaudación tributaria tras el rebote que se está registrando ya en este 2021.
El aumento de los ingresos fiscales que se derivará de ese crecimiento económico, junto a la inyección de los fondos europeos, implicará, según el gobierno central, una disponibilidad de recursos que favorecerá la inversión social y productiva.
