La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz ha dado cinco días a la Red Española de Inmigración, una de las acusaciones particulares personadas en la causa abierta por la deportación de 55 menores marroquíes en agosto de 2021, para que aclare el sentido en el que pretende que sean citados como testigos entre otros el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el presidente de la Ciudad, Juan Vivas.
Lo mismo ha solicitado con los secretarios de Estado de Seguridad y Derechos Sociales, Rafael Pérez e Ignacio Álvarez; el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán; o la ex directora general de Infancia, Violeta Assiego.
El mismo plazo ha concedido a esa entidad para que justifique la necesidad de parte de las muchas pruebas documentales que ha reclamado de la Ciudad Autónoma y entidades no gubernamentales que ayudaron a gestionar la crisis migratoria de mayo de 2021 como Save The Children, Samu o Engloba.
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta ya ha dictado varios autos de apertura de juicio oral contra la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la exvicepresidenta del Ejecutivo local, Mabel Deu, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa.
El órgano competente para conocer y sentenciar sobre el caso debe ser la Audiencia.
La Fiscalía pide para las dos expolíticas una pena de 12 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos electivos a cualquier escala (nacional, autonómica o local) y para ocupar funciones de gobierno. También la “pérdida de los honores” asociados a las responsabilidades públicas que ocuparon.
