La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz iniciará el próximo martes la vista oral de una causa, la popularmente conocida como 'Los caballos', en la que por presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal un total de 13 personas, entre ellas una policía local, se enfrentan a una petición global de 150 años de cárcel de la Fiscalía. El supuesto cabecilla del clan permanece huido de la Justicia, como un hermano igualmente señalado.
Durante el macrojuicio está prevista la declaración como testigos de casi medio centenar de guardias civiles y de cerca de cuarenta personas más.
El Ministerio Público reclama que los 13 acusados sean condenados a seis años de prisión por un delito de blanqueo de capitales derivado de actividades de narcotráfico. Además, cuatro hacen frente a una petición de ocho más por organización criminal y otros ocho, a cinco por ese mismo tipo penal.
El Equipo Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil recibió autorización judicial a lo largo de 2018 para colocar geolocalizadores en dos embarcaciones recreativas con “fundadas sospechas” de que prestaban apoyo logístico a las semirrígidas de los narcos del hachís.
También para intervenciones telefónicas que condujeron a identificar a seis hombres puestos de acuerdo para “la compraventa, transporte y posterior distribución y comercialización de una gran cantidad de hachís por el Campo de Gibraltar y Ceuta”.
El supuesto líder del grupo coordinaba a los otros cinco para “avituallar las embarcaciones, comprar gasolina y víveres, realizar labores de vigilancia, reunirse con los suministradores de la droga y viajar a Marruecos, Algeciras y Tarifa”, según el relato de la acusación popular, que cree que delinquiendo “obtuvieron elevados y pingües beneficios patrimoniales y manejaron grandes cantidades de efectivo”.
Entre otras cosas compraron inmuebles valorados en casi un millón de euros, vehículos a motor de gran cilindrada, embarcaciones, negocios, decenas de relojes de lujo y 65 caballos de pura raza española. Sus cónyuges, parejas de hecho y familiares más directos como madres, hermanas o suegros, también acusados, les ayudaron a intentar “otorgar apariencia de lícita procedencia” a la ingente cantidad de dinero que manejaron. Incluso se cree que llegaron a “simular” un divorcio.
