El nuevo sistema de bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social sigue siendo objeto de discusión política. Nos encontramos ante un debate auspiciado por el Gobierno de la Ciudad, situado en un apoyo incondicional a la patronal que resulta difícil de entender. Y es que hay que subrayar que todos los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo de Vivas se sustentan en el documento elaborado por unas organizaciones empresariales que, como es habitual, y hasta legítimo, defienden, en exclusiva y sin más consideración, sus intereses.
Ceuta Ya!, desde que comenzó esta polémica (tardíamente, ya que la ley se publicó en enero de 2023 y las protestas comenzaron en verano, coincidiendo con el periodo electoral), ha intentado aportar un punto de vista más objetivo, sosegado y ajustado a lo que consideramos el interés general. Nuestra posición nos ha granjeado no pocas críticas y descalificaciones. Eso sí, muy poco fundamentadas. Tras el último debate plenario al respecto, queremos exponer, nuevamente y de manera clara, nuestra postura.
En primer lugar, y esto es muy importante, hay que dejar constancia de que nunca ha existido una bonificación a las cuotas a las empresas de Ceuta, tal y como, de manera errónea, se argumenta frecuentemente, sino un régimen de bonificaciones “a determinados sectores de Ceuta por razones de la crisis económica que sufren. La diferencia puede parecer una cuestión menor, o incluso semántica, pero es fundamental para analizar la situación con objetividad, pues debemos partir de que las bonificaciones no se aplican por razones políticas en defensa de un Régimen Especial. El Gobierno de la Nación, sencillamente, reordena el sistema de bonificaciones del conjunto del país (todas ellas por razones de tipo económico) y establece una serie de requisitos generales de aplicación a todas las empresas que opten a algún tipo de bonificación. A las de Ceuta, también.
Esto es difícilmente criticable. No parece razonable que nos pasemos el día reclamando igualdad y que, cuando nos interesa, nos desmarcemos alegremente de este principio pretendiendo que, para ser bonificados, se exija a los empresarios del resto de España estar al día con Hacienda, contratar a sus trabajadores de manera indefinida y no despedir improcedentemente y que, sin embargo, se exima a los empresarios ceutíes de reunir tales requisitos.
Más dinero para Ceuta, pero condiciones para los empresarios
En segundo lugar, es necesario dejar constancia, otra vez, de que, en términos económicos globales, el nuevo sistema de bonificaciones aporta una cantidad superior al anterior, ya que el nuevo contempla una horquilla que va desde el 75% al 25%, pero garantizando en cualquier caso una bonificación del 50% a través de la subvención prevista para tal finalidad. Asimismo, es conveniente recordar que más del 80% de los contratos que se firman en Ceuta lo hacen por un importe salarial inferior a 1.700 euros de base reguladora, lo que significa que obtienen una bonificación superior al 50%, es decir, mayor que la que recibían antes.
Conclusión: la queja se circunscribe, exclusivamente, a que a la clase empresarial se le exigen ahora unos requisitos que antes no se le exigían. Y a que ahora debe realizar un papeleo que antes no tenía que hacer. Es decir, los empresarios, simplemente, no quieren someterse a medidas de control. Esto es normal. Ahora bien, sería bueno recordar, sobre todo a quienes se llenan la boca hablando de patriotismo, que el importe de las bonificaciones lo sufragan los españoles y las españolas con sus impuestos (con mucho esfuerzo en la mayoría de los casos), por lo que no parece descabellado que el Gobierno Central sea riguroso e imponga condiciones para garantizar el control y buen uso de los fondos públicos. Y tampoco parece muy positivo ni conveniente para Ceuta alentar la idea de que somos una Ciudad insolidaria e insaciable a la que sólo le interesa recibir dinero del Estado, sin límite ni conciencia.
Reforma del Estatuto o Ley del REF de Ceuta
Aclarado esto, otra cosa bien distinta es que se plantee como objetivo el establecimiento de un régimen de bonificaciones a la Seguridad Social basado en razones estrictamente políticas. Desde que España y Marruecos han decidido cerrar la frontera, la Ciudad se ha quedado "económicamente muerta" en el sector privado, situación que puede invitar a considerar que, en realidad, no existe una crisis económica (transitoria por definición), sino que nos encontramos ante la consolidación de un nuevo modelo económico basado, prácticamente en exclusiva, en los Presupuestos del Estado, y en el que la actividad empresarial, limitada a la economía de subsistencia, requiere condiciones de implantación y gestión diferenciadas.
En dichos términos sí sería coherente, apelando a una razón de tipo estrictamente político, establecer un sistema que se aparte de la norma general y que implique una bonificación del 50% para todas las empresas, y en todos los casos, por el mero hecho de desarrollar su actividad en Ceuta. Y qué esta peculiaridad, además, quedase blindada, incluyéndola en una hipotética reforma de Estatuto de Autonomía o a través de una Ley del Régimen Económico y Fiscal Especial de Ceuta. Pero claro, cuando esto se ha planteado, los dos partidos de Gobierno (PP y PSOE) han preferido optar por la “técnica del avestruz” y esconder la cabeza debajo del ala. Porque ya se sabe que cuando se trata de implementar, de verdad, acciones por Ceuta que contribuyan a convertir las palabras en hechos, nunca se puede contar con ellos.
