El texto final, que se votará previsiblemente en abril o marzo en el Pleno de la Eurocámara en Estrasburgo, permitirá que los Estados Miembros tengan una base de datos más amplia para identificar a inmigrantes en situación ilegal, incluyendo huellas dactilares, imágenes faciales y documentos de viaje.
Además, se bajará la edad para la toma de datos de 14 a 6 años.
La reforma también introduce en el reglamento para la Gestión del Asilo y la Inmigración un sistema de solidaridad obligatorio para los Estados miembros. Podrán optar por reubicaciones o contribuciones económicas, calculadas según el PIB y la población.
Por otro lado, la reforma busca agilizar los procedimientos de asilo y retorno, introduciendo un procedimiento fronterizo integral. Esto aplicará especialmente a inmigrantes de países con baja tasa de reconocimiento de asilo, quienes intenten evitar su identificación o sean considerados un riesgo para la seguridad nacional.
Además, se incluye un reglamento de control que unificará las normas para tomar datos de inmigrantes que no cumplan con los requisitos de entrada o sean detenidos por cruzar ilegalmente. Incluye controles de salud y seguridad, y podrá durar hasta 7 días.
