Este fin de semana han visitado la ciudad la diputada de Podemos, Isabel Franco, y la responsable de Derechos Humanos y migraciones de Andalucía, Marina Liberato. El motivo de su visita ha sido conocer de primera mano la complicada realidad ceutí desde los episodios del 17 y 18 de mayo y poner el foco en los Derechos Humanos.
Isabel Franco ha querido destacar dos cuestiones: por un lado, ha señalado que es importante que el Gobierno de la Ciudad sepa dirigir los fondos que está recibiendo hacia la creación de empleo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Ceuta. La diputada se ha referido a la alta tasa de desempleo, pobreza y exclusión social que sufre la ciudad y ha querido apoyar el trabajo de sus compañeros de Podemos Ceuta en defensa de los Derechos Humanos y de los derechos de los ceutíes que viven en situación de pobreza y pérdidas de derechos.
Por otro lado, Franco pide a la Ciudad que ejerza la tutela de los menores no acompañados garantizando su educación, con una estancia segura, con todos sus derechos. Ramón Rodríguez, coordinador de Podemos Ceuta, ha aclarado que el Gobierno de la Ciudad, en defensa del derecho a la educación de estos menores, debería exigir al Gobierno de la Nación que no se les escolarice de forma segregada.
Isabel Franco reconoce que, en este asunto, se ha trabajado con celeridad, con fallos y aciertos.
Marina Liberato ha destacado un problema del que han tenido conocimiento a través de varias asociaciones y que, en una reunión que han mantenido con la Delegada del Gobierno, ésta misma les ha confirmado. Y es que existen dos casos en la ciudad (y sospechan que pueda haber más) de jóvenes que obtuvieron el documento que les permite moverse libremente y pasar a la Península, al tener a trámite la petición de asilo. Este documento les fue robado y falsificado con otra foto por otras personas que se han hecho pasar por ellos, y cuando han querido pasar se les ha denegado y ahora tienen orden de expulsión. La responsable de Derechos Humanos y migraciones de Andalucía ha alertado de que si estas personas vuelven a Marruecos tendrán pena de dos años de cárcel.
Con respecto a las relaciones con el país vecino, Liberato ha dicho que deberían ser cordiales hasta cierto punto, ya que Marruecos es un país que vulnera los Derechos Humanos y que ha puesto en riesgo la vida de sus ciudadanos para lanzar un órdago hacia España.
Preguntadas por las repatriaciones, Isabel Franco ha manifestado que el acuerdo con Marruecos se debe usar para otras cuestiones y que "donde mejor están los niños es donde se les garantizan sus derechos, y si en su país, juntos con sus padres, no se hace, deberá hacerlo España y la UE". Marina Liberato, por su parte, ha sido tajante, asegura que la repatriación ha sido ilegal y anticonstitucional, vulnerándose todos los derechos.
