31 de agosto de 2020, 10:32
Como en años anteriores con motivo de esta fecha, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha hecho un llamamiento a los Estados Miembros a asumir la responsabilidad, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de garantizar el derecho que tienen las familias y las sociedades a conocer la verdad sobre lo ocurrido.
Bajo el mandato del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó la llamada “Ley de Memoria Histórica”, y se produjo el 14 de julio de 2009 la ratificación por España de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 20 de Diciembre de 2006.
Tras los siete años en que el Gobierno de Rajoy tuvo paralizada la Ley de Memoria Histórica y cualquier iniciativa en este ámbito, que merecieron la crítica negativa de diversos organismos internacionales de Derechos Humanos, y específicamente los relativos a desapariciones forzadas, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez está decidido a impulsar las políticas de Memoria, que ha tenido como primera plasmación más reciente la creación de una Secretaría de Estado de Memoria Democrática y el impulso de actuaciones para la exhumación de fosas comunes de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista.
Próximamente el Gobierno va a presentar una nueva Ley de Memoria Democrática que supone un paso adelante, actualizando las medidas e incorporando nuevos objetivos que, en la línea las recomendaciones de distintos organismos internacionales en materia de derechos humanos, atenderá la legítima demanda de los ciudadanos y ciudadanas que ignoran el paradero de sus familiares, la mayoría en fosas comunes, para que puedan darles digna sepultura.
El Partido Socialista Obrero Español reafirma, en esta fecha señalada, su firme compromiso con los derechos humanos, los derechos de las víctimas del franquismo y aplicación efectiva de los principios internacionalmente consagrados de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición.
Bajo el mandato del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó la llamada “Ley de Memoria Histórica”, y se produjo el 14 de julio de 2009 la ratificación por España de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 20 de Diciembre de 2006.
Tras los siete años en que el Gobierno de Rajoy tuvo paralizada la Ley de Memoria Histórica y cualquier iniciativa en este ámbito, que merecieron la crítica negativa de diversos organismos internacionales de Derechos Humanos, y específicamente los relativos a desapariciones forzadas, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez está decidido a impulsar las políticas de Memoria, que ha tenido como primera plasmación más reciente la creación de una Secretaría de Estado de Memoria Democrática y el impulso de actuaciones para la exhumación de fosas comunes de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista.
Próximamente el Gobierno va a presentar una nueva Ley de Memoria Democrática que supone un paso adelante, actualizando las medidas e incorporando nuevos objetivos que, en la línea las recomendaciones de distintos organismos internacionales en materia de derechos humanos, atenderá la legítima demanda de los ciudadanos y ciudadanas que ignoran el paradero de sus familiares, la mayoría en fosas comunes, para que puedan darles digna sepultura.
El Partido Socialista Obrero Español reafirma, en esta fecha señalada, su firme compromiso con los derechos humanos, los derechos de las víctimas del franquismo y aplicación efectiva de los principios internacionalmente consagrados de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición.
