21 de mayo de 2020, 19:54
Ante la problemática surgida con la empresa de autobuses y sus trabajadores, MDYC considera que la mejor solución para el ejecutivo local sería asumir los costes de la adjudicataria del servicio, debido a la obligación de servicio, así como la reducción de aforo impuesta. Se basan en la Ley 8/2020 de medidas urgantes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del covid-19, por la que se procede a restablecer el equilibrio económico, asumiento gastos de sueldo y funcionamiento que no han podido ser cubiertos por la recaudación. Además, considera que es necesario fiscalizar mensualmente las cuentas de la empresa de autobuses para evitar el impago de la nómina de los trabajadores.