El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su homólogo del Ejecutivo de Canarias, Fernando Clavijo, han firmado este martes un “acuerdo para afrontar la crisis migratoria” que entre otras cosas reclama un reparto "justo" y "sin imposiciones" de menores extranjeros no acompañados cuando se superen, en el caso de Ceuta, los 132.
También plantea que se “habiliten y pongan a disposición” de las autonomías para acoger migrantes “las infraestructuras en desuso o cerradas”, que en Ceuta son sobre todo propiedad de Defensa. Igualmente reivindica del Gobierno central los recursos necesarios para acondicionarlas a tal fin. En el caso del acuartelamiento Coronel Fiscer o del antiguo Hospital Militar se han cifrado entre 4 y 5 millones.
El documento, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso RTVCE, apunta que cuando la capacidad de acogida de menores migrantes solos de las comunidades se exceda “entre el 100% y el 150%” el Gobierno de España debería financiarla “en su totalidad”. A partir de ese 150% el Estado también tendría si se cambia la Ley de Extranjería que procurar “un reparto justo y proporcional por las distintas instalaciones de titularidad estatal distribuidas por el país”.
Esos porcentajes aplicados a Ceuta supondrían que cuando la Ciudad, que ahora atiende a más de 500, acoja a más de 88 niños extranjeros desamparados, debería ver sufragada la asistencia del resto por parte del Ejecutivo de Sánchez.
A partir de 132 el Estado tendría que hacerse cargo de financiar y proveer “los bienes, el personal y los medios” necesarios para atenderlos si así se lo pidiera el Gobierno de Vivas. En paralelo, de derivarlos a otros territorios sin excluir a ninguno y sin "imposiciones" una vez comprobado que no se trata de adultos "indubitadamente".
El PP también cree que España debe solicitar el traslado de migrantes a otros países de la UE y solicitar de las instituciones comunitarias más fondos para el control fronterizo y la gestión de la inmigración.
El acuerdo aboga igualmente por “revisar y mejorar” los acuerdos con países como Marruecos para “garantizar” la tramitación de “los expedientes de devolución” y establecer “sanciones en caso contrario”.
