Tras interpelar en el último pleno de control sobre los problemas para conseguir cita previa en servicios como el del Registro, el Grupo Parlamentario VOX trasladará a la Asamblea una propuesta para eliminar la obligatoriedad de cita previa en los servicios de atención al público de la Ciudad Autónoma. El objetivo, explica la formación, es que se garantice, en cualquier caso, que todo ciudadano tenga la posibilidad de atención presencial y sin necesidad de obtención de cita previa.
Además, esta iniciativa persigue que se implanten medidas que garanticen una atención presencial preferente en dichas oficinas a los mayores de 60 años. El partido subraya cómo son muchos los movimientos que luchan contra la brecha digital que “condena a nuestros mayores a la exclusión”. Por ello, el Grupo Parlamentario VOX reclama que la administración ceutí “dé claro ejemplo de su compromiso con los mayores, que necesitan de una protección especializada a fin de asegurar el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad”.
Por otro lado, se instará al Gobierno a realizar un estudio encaminado a efectuar un análisis exhaustivo de las causas que se encuentran detrás de las tasas de riesgo de pobreza que presenta Ceuta y, en base a sus resultados, elabore un plan urgente de medidas destinadas a solventar esta situación. VOX advierte de que el continuo posicionamiento de la ciudad como una de las regiones de España con mayores tasas de riesgo de pobreza “merece una profunda reflexión sobre cuáles son las fundamentales causas que originan esta tendencia y qué medidas han de adoptarse”.
Y, en último lugar, el Grupo Parlamentario VOX planteará en el pleno una propuesta para instar al Ejecutivo local a cumplir con la Ley General de Subvenciones, priorizando como forma de concesión la tramitación mediante régimen de concurrencia competitiva frente a los métodos de concesión directa, especialmente la forma nominativa. Y es que, lamenta el partido, “la práctica de los poderes públicos no siempre es respetuosa con el criterio fijado por el legislador al efectuar un empleo abusivo de la figura de la concesión directa”.
