VOX ha requerido al Gobierno información sobre el número de extranjeros sobre los que pesa una orden de expulsión que no haya sido ejecutada. Tras el atentado de Algeciras y conocerse que el terrorista tenía una orden de expulsión desde el mes de junio anterior, la formación quiere saber cuántas personas están en España en la misma situación.
El Gobierno, en su respuesta, asegura que “existen muchos factores ajenos a Policía Nacional que impiden una inmediata ejecución de algunas órdenes de expulsión, lo que motiva su demora”. Entre los motivos, el Ejecutivo cita la imposibilidad o dificultad en documentar al ciudadano para ser aceptado por las autoridades de su país de origen; las solicitudes de protección internacional; la negativa de las autoridades del país de origen en aceptar a su súbdito; el cierre de fronteras con motivo de la pandemia ocasionada por el Covid-19; la falta de autorización judicial en aquellos casos en los que el extranjero cuenta con causas penales pendientes; las dificultades en la localización del extranjero; o los recursos judiciales interpuestos en los que la autoridad judicial ha suspendido la ejecución como medida cautelarísima, etc.
La lectura que da López a esta respuesta es que “el Gobierno está censurando la labor de oposición de Vox al solicitar esos datos y contestar con evasivas sin fundamento”.
